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Bu sayfa, 26. Dünya Psikiyatri Kongresi'nde sunulan çalışmanın yapay zekâ desteğiyle hazırlanmış Türkçe özetidir. Çalışmanın sahibi sunan yazarlardır; atıf için orijinal kaynağa başvurun.

EV0598

La nueva ley de salud mental de Portugal: principales cambios e implicaciones

THE NEW MENTAL HEALTH LAW IN PORTUGAL: KEY CHANGES AND IMPLICATIONS

La nueva Ley de Salud Mental de Portugal de 2023 representa una transición hacia un sistema orientado a la recuperación, al sustituir el internamiento obligatorio por un enfoque de tratamiento involuntario comunitario y basado en los derechos.

El objetivo del trabajo es resumir las principales novedades de la nueva Ley de Salud Mental de Portugal (Ley n.º 35/2023), que entró en vigor en 2023 y sustituyó al marco jurídico de 1998, y debatir sus posibles implicaciones para la práctica clínica, la organización de los servicios y la autonomía de los pacientes. La ley pretende armonizar la legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos y la práctica psiquiátrica contemporánea. Como método, se realizó una revisión narrativa de la nueva ley y de las fuentes jurídicas y académicas pertinentes; se analizaron las disposiciones fundamentales relativas a los derechos de los pacientes, el tratamiento involuntario, la atención comunitaria y la integración de los servicios de salud mental. La ley adopta un lenguaje centrado en la persona y no estigmatizante, sustituyendo expresiones como «persona enferma mental» por «persona que necesita atención de salud mental»; establece la dignidad, la autonomía, la no discriminación y la participación como principios fundamentales, y reconoce el derecho a una atención integral e individualizada en el entorno menos restrictivo posible. La hospitalización se define como un último recurso y se da prioridad a la atención comunitaria y multidisciplinar; los pacientes tienen derecho, en función de su capacidad para tomar decisiones, a decidir de manera informada y a que se tengan en cuenta sus preferencias expresadas previamente, y las instrucciones previas en salud mental pueden abarcar la hospitalización, los psicofármacos, las medidas coercitivas y la terapia electroconvulsiva; además, se establece la figura de una «persona de confianza», elegida por el paciente, para apoyarlo en el ejercicio de sus derechos. Una reforma central consiste en sustituir el concepto de «internamiento obligatorio» por el de «tratamiento involuntario», separando así la necesidad de tratamiento del entorno en el que se presta: el tratamiento involuntario debe proporcionarse en la comunidad siempre que sea posible, y la hospitalización solo debe utilizarse cuando sea la única forma de garantizar el tratamiento médicamente indicado. Según el esquema del póster, deben cumplirse todos los criterios acumulativos para el tratamiento involuntario: la presencia de un trastorno mental clínicamente reconocido, el rechazo del tratamiento por parte de la persona, la existencia de un peligro para bienes jurídicamente protegidos de carácter personal o patrimonial y una finalidad terapéutica orientada a la recuperación; además, la intervención debe ser necesaria, adecuada y proporcionada, debe priorizarse el tratamiento ambulatorio, aplicarse la opción menos restrictiva y garantizarse el control judicial. Entre las garantías procesales figuran la representación legal, la evaluación por dos psiquiatras, la participación en el procedimiento judicial, el derecho a recurrir y la revisión obligatoria al menos cada dos meses; el aislamiento y la contención física o farmacológica se limitan a situaciones de riesgo de daño grave e inminente, como último recurso y durante el menor tiempo posible. Los autores señalan que la ley representa una transformación importante hacia un sistema de salud mental basado en los derechos y orientado a la recuperación, pero que su impacto real dependerá de equipos comunitarios dotados de recursos suficientes, de procesos clínicos estandarizados y de la coordinación entre los servicios sanitarios, judiciales y sociales.

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